Veinte años después de que los aludes torrenciales causaron muerte y destrucción en las costas del litoral central, los riesgos son iguales o peores que en 1999. 

La política pública en materia de gestión de riesgos parte de una institucionalidad concentrada en un viceministerio adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. La atención diferenciada que requiere Vargas por sus características geográficas parece haberse diluido después de la desaparición de la Comisión para la Reconstrucción y Desarrollo del Estado Vargas (Corpovargas), hacia 2009.

El repoblamiento anárquico de las laderas de ríos y quebradas evidencia que las normas establecidas para evitar pérdidas humanas y materiales constituyen letra muerta.

 
La construcción de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en zonas peligrosas empeora la situación, pues muchas de las obras hidráulicas de control colapsaron con las vaguadas de 2005 y 2010 y no han sido rehabilitadas. 60% de las presas construidas entre 2000 y 2008 no sirven y se requiere construir aproximadamente cien más.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) cuenta con 18 estaciones meteorológicas en Vargas. Sin embargo, sólo 13 están operativas; cuatro fallan por falta de repuestos y una fue vandalizada. Expertos de la UCV consideran que se necesitan al menos tres estaciones por cada una de las 55 cuencas; es decir, 165.

El déficit de equipos para medir las precipitaciones y el caudal de los ríos y quebradas dificulta el establecimiento de un efectivo sistema de alerta temprana con participación proactiva de las comunidades.

 

Algunas personas, simplemente, se resignan a vivir bajo amenaza porque no tienen mejores opciones.